El Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión en la provincia de San Luis, Dr. Ricardo Andre Bazla, en dialogo con Mario Diaz, se refirió a las denuncias que hay en las redes, sobre la contratación de familiares en La Pedrera, el parque automotor de la provincia, y la causa de los Ranqueles.
El Dr. Ricardo Andre Bazla, aclaro que su obligación en la función forma parte del accionar de los funcionarios actuales y anteriores.
Hablo sobre la situación de Sergio Freixes en la denuncia por la falta de rendición de cuenta, en los Ranqueles, “Todo esta en la justicia los tiempos los manejan ellos para ver que sucede y como termina el caso, nosotros presentamos todo”
También se refirió al parque automotor que es un problema muy grabe ya que en el censo ordenado por el gobernador, se registraron 1898 vehículos de los cuales están en funcionamiento solo 1005, el Ministerio de Seguridad y Servicio penitenciario tienen 800. En total fuera de servicio hay 893, que muchos son modelo 2023 que fueron castigados por la piedra del 26 de Enero del año pasado y los dejaron abandonados en una playa y ahora le faltan las ruedas, autopartes hasta el volante. Hay camionetas Nissan Frontier muy valiosas también abandonadas, se están haciendo acuerdo con los martilleros públicos para realizar un remate.
Sobre las denuncias que aparecieron en el Diario sobre diferencias en el Boletín Oficial del gobierno provincial que establece, para el mes de febrero, que el dinero destinado a gastos de personal asciende a más de $28.800 millones. Eso implica unos $5 mil millones más en relación a la programación financiera de diciembre. “Es probable que el Diario mienta como lo ha echo siempre o confundan lo que es el personal publico”.
Tras la denuncia en redes sociales, sobre que habría contrataciones de familiares y amigos de la la nueva directora de la Pedrera, Fernanda Sosa, y que además ocuparían los lugares de los despedidos de la gestión anterior. “No tengo conocimiento ni denuncias sobre esto, puede ser, nosotros trabajamos sobre todo lo que es ilegal, puede ser que en este caso haya algo que no es ilegal pero que no es ético, si fuera ilegal debemos actuar investigando. Los que dejaron de trabajar son personal políticos, o personas con contrato, que no son renovados”.