Un hombre de 25 años, oriundo de La Toma, fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en un campo cercano a El Morro, mientras trabajaba para su padre.
El agresor, amigo del hermano mayor de la víctima, vivió en la casa de la familia entre abril y septiembre de 2022. Los abusos se descubrieron cuando la menor comenzó a autolesionarse y, tras intentar suicidarse tomando pastillas, confesó a su madre los hechos. La última agresión ocurrió justo después de su cumpleaños número 13.
El acusado, que convivía con la familia y compartía el mismo techo que la niña, comenzó con abusos simples que luego escalaron a violaciones. Los ataques ocurrían de noche, mientras su pareja y los demás dormían. En septiembre, el hombre pidió volver a su pueblo, La Toma, y nunca regresó ni siquiera por su ropa. La familia denunció los hechos en noviembre de 2022, tras la confirmación de los abusos por un médico forense.
A pesar de que el 24 de abril de este año fue imputado por tres abusos sexuales simples y dos con acceso carnal, el acusado sigue en libertad. Los abogados de la víctima, Nancy Calzavara y Gustavo Correa, han criticado duramente la falta de celeridad y la imparcialidad en el proceso judicial. Señalan que los escritos presentados por la defensa son resueltos rápidamente, mientras que los de la familia han tardado hasta un mes en ser atendidos.
El juez Matías Farinazzo Tempestini ha denegado reiteradas veces la solicitud de detención, pese a que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Maximiliano Bazla, ha solicitado una pena de 9 años de prisión.
La familia teme que el acusado represente un peligro, ya que recientemente se contactó con otra menor a través de Instagram. Además, la audiencia de control de acusación aún no ha sido convocada, lo que genera preocupación por la demora en la elevación a juicio. La defensa reclama que se respete el derecho de la víctima a un proceso rápido y justo, en cumplimiento de la Constitución Nacional y tratados internacionales.