Los gremios y los rectores denuncian un desfasaje de más del 80% entre la inflación acumulada y los aumentos decretados por el Gobierno nacional. Tras las movilizaciones de 2024, desde las universidades quieren impulsar una nueva ley de financiamiento que dé previsibilidad al sistema
Este miércoles se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, que el 23 de abril de 2024 movilizó a docentes, estudiantes, graduados y familias de todo el país en contra de los recortes en el presupuesto universitario. Los gremios docentes y no docentes anunciaron un paro en las universidades públicas, en reclamo por su situación salarial, que –según denuncian– siguió deteriorándose en 2025.
Sin embargo, ese apoyo no alcanzó para resolver los problemas financieros del sistema universitario. Desde las universidades públicas advierten que este año se profundizó la caída de los salarios de docentes y no docentes, así como el desfinanciamiento del sistema científico, mientras continuó la parálisis de todas las obras de infraestructura y la reducción de las becas. Además, afirman que volvieron a quedar desactualizados los gastos de funcionamiento, que habían representado la principal conquista de la primera marcha hace un año.
“Sin salarios dignos no hay universidad pública”, advierte un comunicado difundido este martes por el CIN, que reúne a los rectores de las 61 universidades nacionales. Allí, los responsables de las casas de estudio piden a las autoridades educativas nacionales “un plan de recomposición que devuelva dignidad al salario de las y los trabajadores de la educación superior”.
También reclamaron, en sintonía con los pedidos del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que se restablezca la negociación salarial en la paritaria nacional, dado que en el último año el Gobierno definió todas las actualizaciones de manera unilateral. Los rectores pidieron que “ese ámbito permita encontrar una respuesta razonable y responsable al problema mediante la implementación de un plan de recomposición salarial que revierta el estado actual de cosas, el más grave desde la recuperación democrática en materia salarial”.
El paro universitario de este miércoles se suma al del pasado 17 y 18 de marzo, en coincidencia con el comienzo de clases en varias casas de estudio. En marzo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la “emergencia salarial” de sus trabajadores docentes y no docentes, como ya lo había hecho en 2024.
“Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.
“Estamos evaluando alternativas, como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse”, señaló Alpa, y anticipó que a mediados de mayo esperan acercar a los legisladores nacionales un proyecto consensuado por los rectores, los gremios y las federaciones de estudiantes.
“La situación salarial de nuestros compañeros y compañeras se vuelve insostenible, y especialmente a las universidades pequeñas y medianas del país les espera un panorama todavía más oscuro para el segundo semestre. No hay plata para llegar a fin de año con cierta normalidad en el desarrollo de las tareas académicas y de investigación”, declaró Carlos De Feo, secretario general de Conadu, la principal federación nacional de docentes universitarios.
“Este primer aniversario de la histórica marcha del 23 de abril de 2024 nos tiene que invitar a pensar cómo era la universidad argentina en ese momento y cómo es ahora”, consideró Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Aún hoy quedan muchas deudas pendientes por parte del Gobierno a la hora de saldar la cuestión salarial docente y no docente, los gastos de funcionamiento para la universidad, la inversión en ciencia y técnica y, para los estudiantes, la cuestión de las becas –todas, pero particularmente Progresar–”, señaló Carvalho.
Si bien el Ministerio de Capital Humano abrió la convocatoria de las becas Progresar para estudiantes de educación superior, desde las universidades cuestionan que el monto perdió capacidad de ofrecer un sostén real para los estudios –la cifra máxima es de 35.000 pesos por mes– y denuncian que también se redujo casi a la mitad la cantidad de beneficiarios.