En los últimos meses, el Arca —organismo recaudador provincial, ex AFIP— habría embargado más de 50.000 cuentas bancarias en San Luis. Las medidas, orientadas a contribuyentes con deudas fiscales, inmovilizan los fondos y solo se levantan una vez que se regulariza la situación con el ente recaudador.
Cada cuenta embargada se asocia a un promedio estimado de deuda de $200.000, lo que implica un volumen total de $10.000 millones. Los abogados que intervienen en estos procedimientos cobran una comisión del 4% sobre el capital adeudado, lo que ya representa más de $400 millones en honorarios. Traducido a dólares oficiales, se trataría de unos 400 mil dólares.
Los embargos se levantan únicamente cuando se salda la deuda y se paga al contado la comisión correspondiente al abogado actuante. Mientras tanto, las cuentas quedan paralizadas, lo que impide facturar o operar con normalidad, afectando seriamente a comerciantes y trabajadores independientes.
La magnitud del número de embargos y el volumen económico involucrado han encendido la alarma en distintos sectores, aunque por el momento no hubo pronunciamientos oficiales sobre la posibilidad de revisar este mecanismo.
