El Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó por unanimidad el recurso de nulidad presentado por la defensa de Cintia Ramírez y confirmó la elevación a juicio oral de la causa en su contra por delitos de corrupción. La exsecretaria de Deportes será juzgada por haber beneficiado al San Luis Fútbol Club mientras ejercía funciones públicas.
Los abogados defensores habían cuestionado el proceso argumentando que hubo una modificación en la calificación jurídica de los hechos, pasando de malversación de caudales públicos a peculado, una figura penal más grave. Sin embargo, los jueces Yanina del Viso, Laura Molino y Jorge Sabaini Zapata afirmaron que no existió alteración de los hechos imputados y que el cambio en el encuadre legal no afectó el derecho de defensa.
“El cambio no constituye una afectación sustancial al derecho de defensa”, sostuvieron en el fallo, y señalaron que ya desde la audiencia de formulación de cargos, la figura del peculado había sido planteada por la querella.
Según la acusación, mientras era funcionaria pública y presidenta del club, Ramírez habría utilizado recursos del Estado para favorecer al San Luis Fútbol Club. Entre los hechos investigados figuran 188 transferencias desde la Secretaría de Deportes y el Ente Deportes hacia la institución, así como la compra de un colectivo con un sobreprecio de más de 175 millones de pesos.
El Tribunal remarcó que los hechos siempre fueron claramente comunicados y que no hubo perjuicio concreto para la defensa que justifique declarar la nulidad del proceso. “No existe nulidad por la nulidad misma; esta sanción debe aplicarse únicamente cuando se ha vulnerado el derecho de defensa, lo cual no se presenta en este caso”, afirmaron.
De esta forma, la causa quedó habilitada para avanzar a juicio oral y público. Ramírez enfrentará cargos por peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
