Productores de San Luis denuncian un “tarifazo” que eleva el costo por hectárea de riego de 6.000 a 350.000 pesos anuales y exigen una audiencia con el gobernador Claudio Poggi.
Los agricultores de la provincia se declararon en estado de alerta y movilización tras el anuncio de la nueva Ley Impositiva, que aumentó el canon por el uso de agua para riego y consumo de hacienda de manera “desmedida y abusiva”. En muchos casos, la tarifa pasó de 6.000 a 350.000 pesos por hectárea al año, lo que representa un incremento del 4.800%.
“Es un abuso total, es como ponerle un pie en la cabeza al productor”, afirmó Guillermo Cismondi, referente del Valle del Conlara. Cismondi explicó que, mientras en provincias como Mendoza, San Juan y Córdoba los regantes pagan entre 30.000 y 38.000 pesos por hectárea, en San Luis han retrocedido a “tiempos feudales”: tras invertir en perforaciones y equipamiento, ahora el Estado solo recauda sin considerar el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.
El malestar colectivo llevó a los productores a enviar cartas individuales al gobernador Claudio Poggi y a solicitar una audiencia. Este jueves acompañarán a las sociedades rurales en un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, para exigir una revisión inmediata de las tarifas.
Según el calendario de la protesta, se buscó inicialmente suspender el aumento a fines de 2024 y acordar una nueva estructura, pero la promesa nunca se cumplió. “Nos prometieron una tarifa razonable y nunca llegó. Ahora enfrentamos este tarifazo que amenaza la viabilidad de la producción”, denunció Cismondi.
La bronca no solo apunta al Ejecutivo: los productores critican también a los legisladores que aprobaron la Ley Impositiva. “El gobierno nacional escucha al campo y baja retenciones, pero aquí se llevan lo poquito que podemos ganar”, sostuvo uno de los afectados.
Con este escenario, los pequeños y medianos productores ratifican su decisión de no abandonar el campo ni permitir que “los pongan un pie encima”. Insisten en que su reclamo carece de motivaciones políticas y subrayan que, entre crisis climáticas, suba de insumos e impuestos, este nuevo canon complica aún más su supervivencia económica.
