El fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Mercedes, Danilo Miocevic, y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch solicitaron la indagatoria del ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UnViMe), David Rivarola, junto con otros seis funcionarios, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad ideológica.
Según la investigación, los acusados habrían montado un concurso simulado en 2023 para beneficiar a la hija de Rivarola con un contrato de consultoría en el marco de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto del contrato alcanzaba los 916 mil pesos.
Entre los citados a declaración indagatoria figuran la vicerrectora de la universidad, el jefe de contrataciones, el secretario general, el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y un integrante de la comisión evaluadora. También fue convocada la hija del ex rector, considerada partícipe necesaria de la maniobra. En una declaración jurada, la mujer negó tener vínculo familiar con Rivarola, lo que le permitió acceder al beneficio.
De acuerdo con la acusación fiscal, los investigados manipularon el proceso de selección entre junio y agosto de 2023 para asegurar la contratación bajo una apariencia de legalidad. Rivarola habría dirigido la maniobra evitando firmar documentos para ocultar su parentesco con la beneficiada, mientras que la vicerrectora firmó las resoluciones y contratos en su lugar.
El jefe de contrataciones fue quien envió las invitaciones a solo tres personas, entre ellas la hija del rector, incumpliendo la obligación de publicidad del concurso. Además, el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y un miembro de la comisión evaluadora participaron de la alteración de las bases para favorecer a la candidata.
La Fiscalía señaló que el concurso violó las normas éticas del BID, que exigen transparencia y prohíben expresamente prácticas fraudulentas y conflictos de intereses. A pesar de estas exigencias, el proceso habría sido direccionado a favor de la hija del ex rector mediante modificaciones ad hoc en los requisitos.
Aunque otros cuatro postulantes se sumaron posteriormente, lo que complicó el plan original, la comisión evaluadora cambió los criterios de evaluación. Se incorporó el conocimiento de inglés como exigencia, se valoraron cursos cortos y el manejo de redes sociales, y se alteró el sistema de puntaje, de modo que la hija de Rivarola resultó finalmente seleccionada.
Según el Ministerio Público Fiscal, si se hubieran mantenido los requisitos originales, la hija del rector no habría obtenido el puesto. La resolución rectoral que homologó el resultado fue firmada por la vicerrectora, y no por Rivarola, lo que reforzó las sospechas de simulación administrativa.
En diciembre de 2023, tras el cambio de autoridades en la universidad, la mujer solicitó la rescisión del contrato y devolvió el dinero percibido, alegando haber actuado de buena fe. Sin embargo, los fiscales Miocevic y Kunusch afirmaron que los implicados comprometieron la reputación de la Argentina ante el BID al utilizar fondos de cooperación internacional en un acto de nepotismo, violando los principios de transparencia y ética exigidos por el organismo.