A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó una normativa vigente desde 1993 que establecía el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados. Desde ahora, las instituciones podrán fijar libremente el valor de las matrículas y cuotas sin requerir autorización previa del Estado.
La decisión implica la eliminación del Decreto 2417/1993, que regulaba las relaciones económicas entre el Estado y los establecimientos de educación pública de gestión privada. Según los considerandos oficiales, el esquema anterior “presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”.
El Ejecutivo argumentó que el marco normativo respondía a un contexto ya superado, cuando la administración educativa dependía de la órbita nacional. Con la descentralización y el traspaso de competencias a las provincias, el Gobierno sostiene que resulta necesario “favorecer un entorno más flexible para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando su sostenibilidad y el derecho a la educación de calidad”.
El texto advierte que la obligación de comunicar y autorizar previamente los aranceles “generó efectos contraproducentes”, al limitar la capacidad de las instituciones para ajustar precios según los costos reales. Según el decreto, ese control “terminaba perjudicando a las familias, que enfrentaban cuotas iniciales más altas por la incertidumbre económica de los colegios ante posibles aumentos no aprobados a tiempo”.
En la misma línea, el Gobierno remarcó que la normativa vigente “afectaba el derecho de propiedad y la libre contratación”, ya que los institutos “deberían poder fijar libremente sus condiciones y salarios sin intervención previa del Estado”.
Además, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991 —que regula el sistema de financiamiento de la educación privada— y elevar una propuesta de actualización.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema basado en la “libre competencia y la autonomía de gestión”, donde los valores de matrícula y cuotas se definan por las condiciones del mercado educativo, sin la intervención directa del Estado nacional.