La eliminación del Programa Nacional de Control del Picudo del Algodonero encendió alertas en todo el país, pero en San Luis la situación reviste especial gravedad. En la provincia, donde se cultivan alrededor de 3.500 hectáreas de algodón y de donde proviene más del 70% de la semilla utilizada a nivel nacional, no se implementó un plan provincial para impedir el ingreso de la plaga, que hasta el momento no se encuentra presente. Según especialistas y proveedores consultados, el riesgo de introducción y dispersión es alto y creciente.
Mientras otras provincias avanzaron con estrategias propias, San Luis decidió no adoptar medidas oficiales, dejando la responsabilidad sanitaria en manos del sector privado. Actualmente, proveedores de insumos como feromonas, trampas e insecticidas intentan organizar por cuenta propia un esquema mínimo de monitoreo. Desde el sector advierten que, con un acompañamiento básico, la provincia podría fortalecer la prevención, pero que hoy ese apoyo es inexistente.
La preocupación se profundiza ante la falta de controles en puntos estratégicos. En el puesto de COSAFI de Quines, históricamente relevante para la protección de los cultivos, actores del sector aseguran que no se realizan acciones de control ni vigilancia sanitaria.
El escenario nacional también cambió. En 2024, el Senasa dejó de considerar al picudo algodonero (Anthonomus grandis) como una plaga bajo control oficial y lo reclasificó como plaga establecida, retirándose de su gestión directa. Según especialistas, el organismo derivó la responsabilidad técnica al INTA, dejando vacante el rol estatal en la contención de la plaga.
Entre productores predomina la resignación. Lo que fue un programa nacional efectivo durante una década quedó desarticulado, permitiendo que el insecto avanzara desde Misiones hacia Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el norte de San Luis, donde el cultivo recuperó impulso en los últimos años.
María Simonella, entomóloga del INTA Sáenz Peña, advirtió que el manejo integrado de plagas es actualmente la única estrategia viable. Esto incluye destrucción de rastrojos, cumplimiento de fechas de siembra y actuación inmediata ante las primeras detecciones. Pero sin coordinación oficial, la eficacia de estas medidas depende exclusivamente del compromiso individual de cada productor. El problema, señala, surge cuando un productor realiza las prácticas adecuadas pero su vecino no: en ese caso, el impacto es generalizado.
El manejo del picudo tiene costos elevados. El asesor agronómico Martín Canteros estimó un gasto de alrededor de 100 dólares por hectárea solo para enfrentar la plaga, dentro de un esquema total de 360 dólares en insumos y labores. A esto se suman entre 700 y 800 dólares por hectárea para cosecha y comercialización. En años húmedos, un productor puede verse obligado a realizar múltiples aplicaciones cada pocos días, alcanzando hasta 80 dólares por tratamiento.
Para pequeños productores, estos costos resultan prácticamente imposibles de afrontar. Muchos señalan que, sin apoyo estatal, deben asumir la totalidad de las tareas de mitigación, aun cuando el esfuerzo individual no garantiza resultados.
En un cultivo donde el impacto económico de la plaga puede arruinar una campaña completa, la falta de intervención estatal compromete no solo a los productores locales, sino también a la competitividad nacional, dado que una parte fundamental de la genética algodonera proviene de los campos de San Luis.
Tanto INTA como COPROSAVE impulsan la difusión de buenas prácticas, aunque reconocen que su alcance es limitado frente a la ausencia de políticas públicas activas. Para los especialistas, la provincia deberá definir con urgencia si continuará expuesta a una de las plagas más destructivas de la región o si adoptará medidas preventivas antes de que el picudo comprometa el corazón semillero del algodón argentino.
