La nueva normativa establece un régimen preventivo y de control para regular la actividad comercial vinculada a metales no ferrosos en toda la provincia. El objetivo es combatir el robo de cables, proteger infraestructura crítica y reducir riesgos para la población.
El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto de promulgación de la ley que crea el Régimen Preventivo y de Control de Actividades con Metales no Ferrosos. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Seguridad y Desarrollo Productivo, apunta a enfrentar de manera directa el robo de cables de cobre y otros materiales que afectan servicios esenciales como electricidad y telecomunicaciones, además de generar situaciones de alto riesgo por posibles quemaduras o electrocuciones.
La ley regula la actividad de personas y empresas que operan, de forma permanente o eventual, con metales no ferrosos dentro del territorio provincial. La autoridad de aplicación será la Dirección de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, que cuenta con experiencia en identificación y contralor de este tipo de materiales.
La normativa surge en respuesta a la necesidad de proteger infraestructura crítica, evitar interrupciones en los servicios públicos y desarticular redes delictivas que lucran con la comercialización ilegal de estos metales.
Entre los aspectos centrales, la ley establece la creación de un Registro de Actividades Vinculadas a Metales No Ferrosos, donde comerciantes, chatarrerías y fundiciones deberán inscribirse y documentar cada operación, incluyendo el origen y destino del material y los datos de quienes intervienen en la transacción. También implementa un sistema de trazabilidad para detectar movimientos irregulares.
La Dirección de Minería estará facultada para realizar inspecciones, aplicar multas, decomisar materiales e incluso clausurar o inhabilitar comercios infractores. En casos vinculados a delitos, deberá intervenir la Policía junto con el Ministerio Público Fiscal.
La norma también prohíbe la venta minorista de metales no ferrosos por parte de empresas de servicios públicos. Estas podrán registrar sus cables e infraestructura en un catálogo oficial con el fin de facilitar la identificación de materiales sustraídos.
Con esta promulgación, la provincia busca fortalecer la prevención, ordenar el mercado de metales no ferrosos y reducir un delito que genera costos económicos, daños públicos y riesgos para la seguridad ciudadana.
