La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis inició el diseño de un marco normativo específico para regular el uso de drones aplicadores de fitosanitarios, con el fin de garantizar prácticas agrícolas seguras, reforzar los controles ambientales y brindar previsibilidad al sector productivo.
El 18 de noviembre, autoridades del organismo mantuvieron una reunión con seis empresas operadoras de drones —TerraWings, Demichelis, AgroCarrisal, DyL-Agrodrones, FLY-IN S.R.L. y Green Drone— en la que se analizaron los alcances de la normativa vigente y se avanzó en la conformación del Registro Provincial de Drones Aplicadores. Este instrumento permitirá identificar y ordenar el parque tecnológico que opera actualmente en la provincia.
Uno de los debates centrales fue el análisis de la Ley Provincial Nº 320-2004, que regula las aplicaciones aéreas. Tras su revisión, se determinó que no será necesario modificarla, dado que los drones se encuadran dentro de la misma categoría que las aeronaves aplicadoras tradicionales. En consecuencia, las empresas deberán cumplir los mismos requisitos técnicos y operativos establecidos para aviones y helicópteros utilizados en tareas de pulverización.
La Secretaría confirmó además que en 2025 comenzará a implementarse la receta digital para todas las aplicaciones —terrestres y aéreas—, incluyendo las realizadas con drones. Este sistema permitirá una trazabilidad completa de las intervenciones y un control técnico más riguroso sobre el uso de fitosanitarios.
Durante el encuentro también se trataron temas como la aplicación de normas IRAM para la certificación de procedimientos, la elaboración de un manual de buenas prácticas, el análisis de deriva, los tiempos de trabajo permitidos, las certificaciones y cursos exigidos por ANAC, la matriculación de drones con su número de serie y datos de la empresa operadora, y los procesos de verificación técnica obligatoria.
Desde la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental destacaron que la creación del registro permitirá ordenar un parque estimado de 50 drones que actualmente operan en la provincia, aportando mayor seguridad para productores y empresas. Asimismo, señalaron que esta medida fortalecerá la capacidad del Estado para supervisar las aplicaciones y contribuirá a la protección del ambiente y de las comunidades cercanas a áreas agrícolas.
