Esta semana vence el plazo de prórroga para que el juez federal Juan Carlos Nacul determine la situación procesal de los acusados de integrar una megabanda narco que operaba en Villa Mercedes, Merlo y otros puntos del país. La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, apunta a dos organizaciones coordinadas que habrían ingresado cocaína a San Luis desde Buenos Aires, con origen en Bolivia.
Según explicó el abogado defensor Bautista Rivadera, quien representa a diez de los detenidos, la Fiscalía sostiene que el responsable del ingreso de la droga sería el sindicalista Juan Carlos Insúa, detenido durante los operativos realizados los días 21 y 22 de mayo en Villa Mercedes, localidades de la Costa de los Comechingones y la provincia de Buenos Aires.
Entre las pruebas presentadas figuran audios difundidos recientemente que Insúa habría enviado a sus socios, lo que lo vincularía directamente con la estructura de narcotráfico. La acusación contra los detenidos es por comercialización de estupefacientes agravada por la participación en una organización compuesta por tres o más personas.
La causa sostiene que la red ingresaba cinco kilos de cocaína por semana, lo que representaría una recaudación superior a los 35 millones de pesos, dado que el kilo de droga tendría un valor estimado entre 7 y 8 millones.
No obstante, Rivadera cuestionó la solidez de las pruebas y remarcó que no se incautaron estupefacientes ni dinero en las cantidades que justificarían semejante volumen de tráfico. “En el domicilio del supuesto líder de la segunda organización no se encontraron drogas. En los de mis defendidos, tampoco”, señaló el letrado.
