El Banco de la Nación Argentina (BNA) inició un ambicioso plan de reorganización interna que contempla el cierre o fusión de 60 sucursales, centros de atención pyme y oficinas operativas en todo el país. La medida forma parte del Plan Estratégico 2024-2027, orientado a reducir costos, fortalecer los canales digitales y modernizar el funcionamiento de la entidad en línea con las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno nacional.
La red de atención al público del BNA, que en diciembre de 2024 contaba con 769 unidades, se reducirá a 709, una cifra similar a la registrada en 2015. La estrategia se basa en la fusión de oficinas, eliminación de estructuras superpuestas y reasignación de personal, con lo que se proyecta un ahorro mensual de $139 millones, equivalente a $837 millones en el segundo semestre.
Además, se redefinirá el funcionamiento de los Centros de Atención PyME Nación. De los 45 actuales, 14 operan en locales alquilados, por lo que se adoptará un modelo itinerante, donde los ejecutivos visitarán directamente a los clientes. Este cambio busca eliminar costos fijos, generando un ahorro estimado de $30 millones mensuales.
En paralelo, la entidad avanza en la expansión de sus canales digitales. Actualmente, el 98% de las operaciones de los clientes se realizan a través de plataformas electrónicas, con una reducción del 25% interanual en el volumen de operaciones presenciales. El proceso de digitalización también alcanza a las empresas del grupo, como Nación Servicios, que superó el millón de viajes procesados mediante su sistema de pago para el transporte público.
En el plano organizacional, el banco redujo de 33 a 29 sus Gerencias Zonales, reorganizando su estructura en base a criterios económicos definidos por el Indec. Esta medida busca optimizar recursos humanos, centralizar la supervisión y disminuir los gastos operativos.
El rediseño se da en un contexto de debate sobre el futuro del BNA. Desde el Gobierno se impulsa la reconversión del banco en sociedad anónima, una transformación que requerirá aval legislativo y que ya genera controversia en el Congreso. Según fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la rentabilidad, sostener la disciplina fiscal y adaptar el rol de la institución a un mercado bancario más competitivo, sin dejar de lado su histórica función social.
