El Gobierno nacional prepara una reforma integral del sistema previsional mientras la ley de movilidad jubilatoria, que contemplaba un aumento del 7,2%, quedó sin efecto tras el veto ratificado por la Cámara de Diputados. La medida frustra la posibilidad de un alivio inmediato para jubilados y pensionados, en un contexto de pérdida acumulada de poder adquisitivo.
La especialista en derecho previsional, María Silvia Rapisarda, explicó: “El veto fue ratificado por la Cámara de Diputados, por lo que este proyecto ya no se puede tratar durante el año”. El texto contemplaba un incremento del 7,2% en las jubilaciones, la suba del bono a 110.000 pesos con actualización según el IPC, y la regularización de moratorias y pagos atrasados. Actualmente, el bono continúa congelado en 70.000 pesos y no se incorporará al haber mensual.
Según Rapisarda, los jubilados registran una pérdida real de entre el 21% y el 24% entre 2021 y 2024, y la iniciativa buscaba compensar parte de esa caída.
Los ejes de la reforma que se prepara
El proyecto oficial incluiría cambios de fondo en el sistema previsional: aumento de la edad jubilatoria, homogeneización de regímenes especiales (docentes, judiciales, minería, construcción, investigación, entre otros), eliminación de moratorias, jubilación proporcional con un mínimo de 10 años de aportes, prohibición de doble beneficio (jubilación y pensión), ahorro individual obligatorio y adecuación de cajas provinciales con financiamiento tributario.
“Si las personas están en un régimen especial y postergan su jubilación, mi consejo es que se jubilen hoy, porque los derechos adquiridos podrían cambiar”, advirtió la especialista.
Personas con discapacidad: una ley clave en debate
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia para personas con discapacidad, que pasará ahora al Senado. La norma busca actualizar los pagos a prestadores para garantizar la continuidad de los tratamientos, la sostenibilidad de instituciones educativas y terapéuticas, y el acceso a derechos básicos como salud y educación.
Rapisarda advirtió que la falta de financiamiento genera riesgo de cierre en instituciones, pérdida de personal especializado y afectación directa en la integración de las personas con discapacidad.
Un sistema en tensión
La abogada remarcó que los cambios deben leerse en un contexto global: “El mundo enfrenta un envejecimiento poblacional y una menor población activa, lo que tensiona los sistemas de seguridad social”. En el caso argentino, consideró que la clave pasa por establecer reglas claras y sostenibles: “Los sistemas funcionan si el Estado garantiza rentabilidad y normas transparentes, evitando que los costos recaigan sobre jubilados actuales o futuros”.
Contacto de la especialista: @estudiorapisardamiotti | 2665041432 | Bolívar 1446, entre Constitución y Falucho.
