Tras conocerse que cuatro funcionarios provinciales dieron positivo en los análisis toxicológicos, diputados del bloque justicialista presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde detalles sobre la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, conocida como “narcotest”. El objetivo, aseguran, es garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa que establece la obligatoriedad de los controles para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
El diputado justicialista Federico Berardo cuestionó el modo en que el Ejecutivo implementó los controles. “El gobernador y sus ministros arrancaron haciéndose el narcotest cuando se les ocurrió, no por sorteo. Así, difícilmente iba a dar positivo. No tenemos idea de cuánto sale ni cómo se paga. Se decía que cada funcionario debía abonarlo, pero a ningún diputado, ni oficialista ni opositor, se le cobró un peso. Esto muestra las contradicciones permanentes”, expresó en diálogo con FM Lafinur.
Berardo explicó que, ante los casos positivos informados por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, los legisladores buscan saber si se aplicaron todos los pasos que prevé la ley. “Con todo el alarde y el circo que armaron, ahora pedimos que se hagan cargo de los resultados y hagan cumplir la ley como corresponde”, afirmó.
El 23 de septiembre, Bazla había informado que se realizaron 1.131 análisis toxicológicos a funcionarios provinciales, de los cuales cuatro dieron resultado positivo por consumo de cocaína y marihuana. Según la legislación vigente, las personas implicadas pueden solicitar una contraprueba en la Universidad de Buenos Aires y, en caso de confirmarse el resultado, deben ser apartadas del cargo y asistidas por el Estado para su rehabilitación.
En el pedido de informes, los diputados remarcan que “resulta necesario que esta Cámara cuente con información precisa sobre las actuaciones derivadas de dichos resultados, las medidas adoptadas y el avance en la implementación de la ley, a fin de ejercer su facultad de control y velar por el cumplimiento de las normas de transparencia y ejemplaridad en la función pública”.
El proyecto solicita que el Ejecutivo informe a la Cámara de Diputados, en un plazo de diez días hábiles, el procedimiento seguido en los cuatro casos detectados, si se realizaron contrapruebas y cuáles fueron los resultados. Además, se pide aclarar si las personas involucradas continúan en funciones o si se aplicaron medidas preventivas, terapéuticas o administrativas.
Por último, los legisladores reclaman precisiones sobre el mecanismo de pago del narcotest, para determinar si los funcionarios efectivamente abonan el costo del análisis o si es cubierto con fondos públicos.
