La multa fue de $500.000 tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, por no proteger los datos de una jubilada que fue estafada. Además, se le aplicó una sanción por el daño directo causado a la mujer.
El caso se originó con la Resolución 12 emitida por la Defensoría del Pueblo, que describe cómo una jubilada, al intentar retirar su sueldo, descubrió que el monto disponible era significativamente menor. Se le informó que un préstamo había sido solicitado a través de homebanking y transferido a otra cuenta, sin proporcionar detalles sobre el CBU ni el titular de la cuenta receptora.
La jubilada, que no sabe usar la plataforma de homebanking, enfrenta el descuento de las cuotas del préstamo. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, solicitó la intervención de la Dirección Provincial de Comercio y Defensa del Consumidor, reconociendo la legitimación activa de la Defensoría del Pueblo según el Artículo 41 de la Ley Provincial Nº I-0742-2010.