La Fiscalía de Estado respondió a la denuncia contra la gestión actual por la desaparición de 17 mil toneladas de maíz con una presentación judicial dirigida a exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. La causa involucra el manejo del campo El Caburé, ubicado en el departamento Dupuy —entre Batavia y Buena Esperanza—, y señala a los exministros de Producción Sergio Freixes (2017–2019) y Juan Lavandeira (2019–2023).
Según la presentación, ambos habrían tenido “a su disposición el campo explotado por El Caburé S.A.” y podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado o negociaciones incompatibles con la función pública. La responsabilidad también alcanzaría a jefes de programa que intervinieron en la gestión del predio.
El fiscal adjutor Rafael Berruezo amplió la denuncia en el marco de la causa por hurto calificado, abuso de autoridad y peculado, señalando que no existen registros oficiales sobre el destino de las cosechas y del ganado entre 2017 y 2023, período que abarca las gestiones de Freixes y Lavandeira.
La investigación se originó tras la denuncia por la desaparición del maíz cosechado en 2024, cuando el campo —expropiado por el Gobierno provincial— ya se encontraba sembrado. Productores estiman que la producción alcanzaba un valor cercano a dos millones de dólares, sin que exista documentación que acredite su destino o su comercialización.
El contrato con El Caburé S.A. había sido rescindido por decreto en diciembre de 2017, y el artículo segundo del Decreto N° 8143-MMACyP-2017 ordenaba la toma de posesión del inmueble con intervención de Escribanía de Gobierno. Sin embargo, el recurso de revocatoria presentado por la empresa recién fue rechazado cinco años después, en diciembre de 2022.
“Del estudio de las actuaciones administrativas surge un claro descuido y desprecio por el patrimonio provincial por parte de los denunciados”, sostuvo Berruezo.
La Fiscalía de Estado planteó además una serie de interrogantes: “¿Quién explotó el campo? ¿Qué pasó con las cosechas y los animales? ¿Se encuentran registrados los movimientos realizados en el predio?”.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo no se halló documentación sobre el manejo del campo durante los años investigados. “No se ha contabilizado ningún movimiento ni beneficio para el patrimonio de la provincia. La desidia o explotación dolosa en interés propio por parte de los ministros denunciados ha generado un perjuicio significativo al erario público”, indica el escrito.
La presentación judicial incorpora cargos por peculado, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, y profundiza la controversia en torno a uno de los casos más resonantes de la provincia, donde aún se desconoce el paradero de miles de toneladas de maíz pertenecientes al Estado provincial.
