Después de un periodo de tres años y medio, durante el cual un abogado y su esposa escribana pasaron de la Justicia Provincial a la Federal, se enfrentan ahora a serias acusaciones que incluyen “Estafa procesal en grado de tentativa”, “Falsificación de documento privado”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”.
La situación se desencadenó a raíz de un operativo policial llevado a cabo por la Policía de Buena Esperanza el 8 de julio de 2020, en el que detuvieron a una familia que transportaba una suma significativa de dinero, armas de fuego y municiones. La intervención del abogado, ahora imputado, en la liberación de sus clientes inicialmente resultó en una causa penal en la Justicia ordinaria. Posteriormente, el caso fue trasladado a la jurisdicción Federal debido a presuntas actividades de lavado de activos.
La investigación federal reveló que el letrado solicitó dinero a la familia investigada para restituir la suma incautada, lo que llevó a una denuncia por tráfico de influencias. En este contexto, el fiscal solicitó al juez federal Juan Carlos Nacul citar a indagatoria a los sospechosos, petición que fue aceptada por el magistrado.
El abogado enfrenta cargos específicos por solicitar dinero con el propósito de ejercer indebidamente influencia ante el juez encargado del caso por lavado de activos y evasión tributaria. Además, se le imputa la elaboración de un documento judicial basado en premisas falsas y respaldado por pruebas ilegítimas, incluido un contrato de compraventa de un equipo de riego falso.
La esposa del letrado también está involucrada en las acusaciones, ya que supuestamente insertó una declaración falsa en la escritura de la venta de un campo, indicando un monto de 4 millones de pesos cuando la operación real fue por casi 20 millones. La fiscalía de Villa Mercedes ha determinado que estas acciones constituyen “Falsificación de documento privado” y “Falsedad ideológica”.