Integrantes de la Agrupación de Asambleas Ambientales mantuvieron una reunión con legisladores de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para informar sobre el impacto socioambiental del RIGI. En paralelo, el gobernador Claudio Poggi anunciaba en conferencia de prensa que había enviado el proyecto de adhesión al régimen.
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones–RIGI-, incluido en la Ley Bases, es una iniciativa que ha despertado preocupación en muchos sectores de la sociedad por uno u otro motivo. El primer RIGI enviado por el ejecutivo al Congreso de la Nación era inconstitucional, o contenía artículos que contradecían a la Constitución Nacional, el segundo era menos bochornoso; pero mantuvo el eje en los beneficios fiscales y jurídicos para los gigantes corporativos que adhieran al régimen.
En el Congreso Nacional el debate estuvo reñido, tan así que la votación en el Senado terminó en empate y fue la Vicepresidenta de la Nación quien desigualó con su voto afirmativo. Fuera del recinto, miles de personas se manifestaban en contra de la Ley Bases y el RIGI. Durante el proceso, el gobernador Claudio Poggi brindó apoyo para que el proyecto sea aprobado en Diputados y poco después firmo el “Pacto de Mayo”, comprometiéndose a “explotar los recursos naturales”.
Una de las modificaciones que se le hizo al RIGI en el Congreso es que las provincias deben adherir al régimen, ya que la Constitución Nacional señala que son las “propietarias” de los recursos naturales, algo que el proyecto inicial no respetaba, y a día de hoy ya son cinco provincias las que adhirieron al RIGI.
En ese sentido, hace unos meses la Agrupación de Asambleas Ambientales, que reúne a agrupaciones de varios parajes de San Luis, lanzó la campaña provincial “No al RIGI”, manifestando su preocupación por la habilitación de “proyectos extractivos y de explotación que dañen las Sierras Centrales y las Sierras de los Comechingones, contaminando y perjudicando irremediablemente otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, el turismo y la vida misma de las comunidades”, advirtieron en un comunicado.
Además, comenzaron a recolectar firmas virtuales de ciudadanos que comparten la postura de las asambleas y hasta el momento más de 10.500 personas han firmado en oposición al RIGI en San Luis. Por otra parte, se acercaron a legisladores provinciales para dialogar acerca del asunto e informar sobre los riesgos ambientales que apareja el régimen.
De esta manera, este martes por la mañana cuatro diputados de la Comisión de Ambiente recibieron a activistas de diferentes parajes de la provincia, como San Francisco del Monte de Oro, la Villa de Merlo o El Trapiche. “Pedimos una audiencia con diputados en general e inclusive con senadores, pero solo tuvimos una reunión con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados”, señaló Pablo Spinelli, de la Asamblea Yo Amo mis Sierras, en conferencia de prensa.
Durante el encuentro, los activistas realizaron un repaso de la situación ambiental en la provincia, con especial énfasis en la frágil situación hídrica, explicaron algunas de las preocupaciones que les genera el RIGI y llevaron documentos e información vinculada. Luego se generó un intercambio entre los legisladores y los asambleístas. Cuando una de las ambientalistas manifestó su preocupación sobre la criminalización de la protesta, algunos diputados adquirieron una actitud defensiva. A partir de ese momento, el resto de la reunión transcurrió con una tensa calma.
Mientras la reunión transcurría, el gobernador Claudio Poggi anunciaba en conferencia de prensa que había enviado el proyecto de adhesión al RIGI a la legislatura provincial. “Presente ayer el proyecto del RIGI, (…) puede ser una nueva gran promoción industrial, hay proyectos de energía solar muy importantes y la mirada está puesta en ese lado. Hay que sacar la ley y tiene que abrirse el abanico de inversiones”, expresó.
Desde las asambleas consideran que “el RIGI es una ley madre, una ley que abarca demasiadas áreas como para desentenderse, por eso pretendemos informar desde nuestro enfoque ambientalista sobre los riesgos que puede implicar. Por ejemplo, estamos hablando de que el RIGI tal cual como lo plantea el gobierno nacional derogaría todo tipo de ley, sea nacional, provincial o municipal que se oponga a los intereses de las empresas transnacionales que vendrían a establecerse, inclusive les da prioridad en el uso de los recursos como el agua. En esta provincia que tiene diques por debajo de su cota, que ha atravesado varias emergencias hídricas, nos preocupa que el uso prioritario del agua sea para las empresas”, sostiene Spinelli.
También critican los gigantescos beneficios fiscales brindados, que el régimen no exige la presentación de estudios de impacto ambiental y la concesión de soberanía jurídica, ya que el proyecto le otorga competencia al CIADI, un tribunal del Banco Mundial donde Argentina perdió el 89% de los casos que enfrentó. Además, “ni siquiera obliga a las empresas a contratar mano de obra local o proveedores locales, por lo tanto, no vemos prácticamente ningún beneficio, mientras que los pasivos ambientales y la contaminación que dejarían sería enorme”, añade el asambleísta.
Actualmente hay unos diez proyectos mineros latentes en las Sierras Centrales, como el proyecto de Condor Prospecting S.A en la zona de Río Grande, la iniciativa de Pampa Litio en Paso del Rey o el cateo El Totoral cerca de Villa La Cobrera. Sin embargo, leyes como la N° 0634 regulan la actividad y prohíben la utilización de sustancias tóxicas en la explotación. Con el RIGI “todas las leyes que protegen nuestras sierras y nuestra agua quedarían echadas de lado y quedaríamos desamparados”, advierte Spinelli.
Por desconocimiento –u otro motivo-, algunos de los legisladores presentes en la reunión aseguraron que San Luis tiene todo un marco legal en torno a lo ambiental y que los proyectos beneficiarios del RIGI tendrían que amoldarse a la legislación local, cuando el RIGI dice expresamente que ninguna norma local puede entorpecer las actividades de las empresas beneficiadas. En ese sentido, barajaron la posibilidad de incluir algunas modificaciones al proyecto original, como el caso de Chubut que adhirió con una cláusula que deja afuera a las actividades mineras prohibidas por su normativa.
“En caso de modificaciones, no queremos apuntar a poco porque entendemos que hay otras áreas del aspecto productivo, del entramado social y jurídico que también pueden verse afectadas. No se trata solamente de salvaguardar únicamente nuestra causa, sino entender que son varias las organizaciones que están en contra del RIGI por diferentes motivos, entonces vamos por en No al RIGI”, sentenció Spinelli.
Al ser consultada por EcoPress, la diputada Anabel Palacios –PJ-, representante del Departamento San Martin, valoró positivamente la reunión con los activistas: “Nos pareció muy importante escucharlos, porque si bien tenemos un panorama de la situación, estuvo bueno interiorizarnos con gente que realmente sabe del tema, así que nos resultó muy importante y en lo personal me voy con una postura tomada”. “Estoy totalmente en contra, y mi bloque creo que también. Me parece que debemos priorizar la vida y la calidad humana”, indicó la legisladora.
“Estamos en un estado crítico de las fuentes de vida, de la biodiversidad, de las cuencas hídricas y en un lugar tan árido como San Luis tenemos que defender y cuidar las fuentes de vida: no se puede jugar con el agua, no se puede jugar con el suelo o con los bosques”, sentenció finalmente Juan Quiroga, integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Bosque Vulpiani.
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