El conflicto docente en San Luis vuelve a poner en evidencia una tensión estructural del país: la distancia entre los principios constitucionales que garantizan un salario digno y las políticas fiscales que, en nombre de la eficiencia, desatienden los derechos laborales. En un contexto económico adverso, las demandas del sector educativo por una remuneración acorde a la inflación son presentadas como un obstáculo presupuestario, cuando en realidad constituyen un reclamo legítimo y amparado por la Constitución Nacional.
El Artículo 14 bis de la Carta Magna establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” y asegura el derecho a un “salario mínimo vital y móvil”. Este principio no se reduce a un número, sino que implica garantizar condiciones materiales que permitan al trabajador cubrir sus necesidades básicas. Cuando los sueldos docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no solo se vulneran derechos laborales, sino que se infringe un mandato constitucional.
Si bien la situación macroeconómica nacional impone limitaciones, la responsabilidad de atender la problemática salarial recae en las jurisdicciones provinciales. En ese sentido, el diálogo entre el Gobierno de San Luis y los gremios docentes no puede agotarse en gestos o visitas a las escuelas: requiere una mesa de negociación real, capaz de generar acuerdos concretos y sostenibles.
La marcha del 15 de octubre, que registró una baja convocatoria, refleja las dificultades que atraviesa el movimiento docente en su estrategia de visibilización. El escaso acompañamiento no invalida la legitimidad del reclamo, sino que expone la necesidad de fortalecer la comunicación del sector, conectando su lucha con los intereses del conjunto social. La defensa del salario docente no debe presentarse como una demanda corporativa, sino como una causa nacional vinculada al derecho a una educación de calidad.
Un docente mal remunerado se ve forzado a multiplicar empleos y reducir su tiempo de preparación, afectando directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. La precarización del trabajo docente debilita la educación pública, genera desigualdad y limita el desarrollo científico y tecnológico del país. En consecuencia, mejorar las condiciones salariales no es un gasto: es una inversión estratégica en el capital humano y en el futuro de la Nación.
El caso de San Luis sintetiza una problemática extendida en toda la Argentina: el desafío de sostener la educación como prioridad en medio de un escenario de ajuste. La baja convocatoria de una movilización no debe interpretarse como derrota, sino como un llamado a repensar la forma en que se comunica la causa. La lucha docente, en última instancia, no se trata solo de reivindicar derechos laborales, sino de defender el derecho colectivo a una educación pública digna y de calidad.
El futuro del país —su justicia social, su capacidad productiva y su soberanía intelectual— se define en las aulas. Y ese futuro depende, inevitablemente, de la dignidad salarial de quienes las sostienen.