El Senado provincial otorgó media sanción al proyecto de ley que establece un marco normativo para el decomiso anticipado y definitivo de armas de fuego, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar y reforzar las políticas de seguridad pública. La propuesta apunta a evitar la acumulación de armamento en depósitos judiciales y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad estatal.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, forma parte de un paquete de leyes impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, orientado a mejorar la gestión de bienes bajo custodia judicial. La semana pasada, el Senado había aprobado una medida similar referida al decomiso de vehículos, y esta nueva norma amplía el alcance a armas de fuego y materiales controlados.
La ley establece que las armas secuestradas o decomisadas, por orden judicial o administrativa, podrán ser destruidas o reutilizadas con fines institucionales o de interés público, en conformidad con la Ley Nacional N° 25.938 y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad, que actuará como Autoridad de Aplicación.
El senador por el departamento Pedernera, Adolfo Castro Luna, miembro informante del proyecto, explicó que el objetivo principal es acelerar los procesos judiciales y evitar que las armas permanezcan durante años sin resolución. Además, destacó la incorporación de un sistema de trazabilidad, que permitirá registrar el destino final de cada arma decomisada, garantizando transparencia y control.
Durante la sesión, se detallaron las modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley N° 831/2012 de bienes secuestrados. Entre ellas, se reducen los plazos judiciales: los jueces deberán comunicar en un máximo de 48 horas las resoluciones sobre el destino de los bienes. También se autoriza al Ministerio de Seguridad a disponer directamente la destrucción o reutilización de las armas con fines institucionales, sin depender exclusivamente de las subastas públicas.
El proyecto prevé además la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 25.938, la firma de convenios con el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la creación de un inventario oficial de armas secuestradas, que deberá completarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Castro Luna destacó que la medida “dotará a la Justicia y al Ministerio de Seguridad de herramientas modernas, ágiles y transparentes que evitan la burocracia y aseguran que las armas decomisadas no queden abandonadas ni sin control”.
