Prestadores del ámbito de la discapacidad convocaron a un paro nacional los días 26 y 27 de mayo en reclamo por la falta de respuestas ante una situación que califican como crítica. La medida de fuerza incluye a centros, instituciones, hogares, escuelas especiales, prestadores independientes y transportistas de todo el país, quienes denuncian graves dificultades para sostener las prestaciones esenciales.
Entre los principales reclamos se encuentra la falta de recomposición de aranceles, lo que impacta directamente en la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad. A esto se suma la demora en las autorizaciones de prestaciones para 2025, muchas de las cuales fueron solicitadas en noviembre y diciembre del año pasado y aún no han sido habilitadas, a pesar de contar con indicación médica.
También se denuncia la demora en los pagos por parte de las obras sociales que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), muchas de las cuales no han cancelado las prestaciones correspondientes a 2024 y aún adeudan pagos desde febrero de 2025.
Por último, el sector advierte sobre recortes y ajustes que vulneran las leyes 22.431 y 24.901, y afirman que estas medidas afectan a una de las poblaciones más vulnerables del país. “La motosierra era para la casta, no para un sector tan vulnerable como el de discapacidad”, expresan desde la convocatoria.
La medida busca visibilizar una problemática creciente que, según los convocantes, pone en riesgo la calidad de vida de miles de personas en situación de discapacidad.