Cristian Molina, acusado de desobedecer reiteradamente una orden judicial que le prohibía acercarse a sus hijos y a su ex pareja, continuará detenido hasta el próximo 9 de septiembre, cuando será juzgado por diez hechos de desobediencia. La Fiscalía pidió para él una pena de tres años de prisión, que podría ser de cumplimiento condicional, es decir, sin necesidad de que siga preso.
El hombre, actualmente alojado en la Penitenciaría de San Luis, había finalizado el período de prisión preventiva esta semana, pero en una audiencia de control de acusación, el fiscal Néstor Lucero solicitó la prórroga de la medida coercitiva, argumentando que su libertad representaría un riesgo para las víctimas. El juez Mauro D’Agata Henríquez hizo lugar al pedido y ordenó su permanencia en el penal hasta que se celebre el juicio.
La acusación sostiene que Molina violó la prohibición de acercamiento en al menos diez ocasiones entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, pese a tener antecedentes de violencia familiar. La Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N°1, representada por Nayla Cabrera y Julieta Moyano, fue la encargada de formular los cargos.
Entre los agravantes mencionados figuran la conducta previa del acusado, la relación personal con las víctimas, la reiteración delictiva, y el impacto psicológico que sus acciones habrían generado en sus hijos y en su ex pareja. Además, la mujer rechazó una propuesta del acusado que consistía en una compensación económica a cambio de cerrar la causa.
Pese a la gravedad de los hechos, el monto de pena solicitado por la Fiscalía (tres años de prisión) es excarcelable si el tribunal lo decide, lo que generó cuestionamientos en ámbitos vinculados a la protección de las víctimas de violencia de género.
