Romina Tejerina, a 20 años de una condena atravesada por el dolor, el silencio y la violencia

Se cumplen dos décadas del fallo judicial que condenó a Romina Tejerina, una joven de San Pedro de Jujuy, a 14 años de prisión por haber asesinado a su beba recién nacida. El caso, atravesado por una denuncia de violación no reconocida por la justicia, marcó un antes y un después en la lucha de los movimientos de mujeres contra la violencia de género y por el derecho al aborto legal en Argentina.

Romina tenía 19 años cuando, según denunció, fue violada por un vecino 21 años mayor. El hecho ocurrió en medio de los festejos por la Pachamama, en agosto de 2002. Aquel día, tras ir a buscar a su hermana menor a una bailanta, se cruzó con Eduardo “Pocho” Vargas, quien la llevó por la fuerza hasta un descampado y la violó. Presa del miedo y la vergüenza, Romina ocultó el abuso. Intentó pedir ayuda médica, pero al ser menor de edad y sin la autorización de sus padres, no pudo acceder a atención. Esa negativa, sumada al temor a las represalias familiares, la empujó a guardar silencio.

La joven transitó el embarazo en secreto, con métodos caseros y dañinos para su cuerpo, hasta que en febrero de 2003, con siete meses de gestación, dio a luz sola en el baño de la casa que compartía con sus hermanas. En estado de shock, y según relató durante el juicio, al ver en el rostro de su hija el de su agresor, entró en desesperación y la atacó. La beba falleció dos días después por una hemorragia cerebral producto de las heridas. Fue bautizada por el equipo médico como Milagros Socorro.

Romina fue detenida y sometida a juicio en medio de un proceso judicial que fue duramente cuestionado por su sesgo de género. La fiscal de la causa solicitó prisión perpetua y llegó a responsabilizar a la joven por su propia violación, aludiendo a su forma de vestir y sus hábitos. También sostuvo que su conducta era inadecuada por asistir a fiestas o discutir con sus padres.

En junio de 2005, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Jujuy la condenaron por “homicidio agravado por el vínculo”. La Corte Suprema ratificó la sentencia años más tarde. Mientras tanto, Vargas, el hombre acusado por Tejerina, fue detenido apenas 23 días y finalmente sobreseído por falta de pruebas.

Durante el primer año en prisión, Romina no recibió atención psicológica ni pudo acceder a estudios o trabajo. Su familia, especialmente sus hermanas, la acompañó de forma constante. Desde el encierro, denunció que su agresor la seguía amenazando incluso con matar a su padre.

Los movimientos feministas convirtieron su caso en un símbolo de la violencia institucional, la revictimización y la criminalización de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Se realizaron movilizaciones y campañas exigiendo su libertad y visibilizando la necesidad de garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Romina recuperó la libertad en junio de 2012, luego de cumplir dos tercios de la condena. Tenía 29 años y el deseo de estudiar y reconstruir su vida. A pesar del rechazo social que enfrentó en sus primeros días fuera del penal, con insultos en la calle y una profunda crisis emocional que la llevó a pedir volver a prisión, encontró contención en su núcleo familiar.

Con el paso del tiempo logró formar una nueva familia y ser madre nuevamente. En varias entrevistas destacó que fue su entorno afectivo el que la sostuvo frente al dolor. “Por todo el tiempo sufrido, se me secaron las lágrimas”, expresó tiempo después. Hoy, su historia sigue interpelando a la sociedad sobre cómo se juzga a las mujeres cuando el abuso, el miedo y el silencio se cruzan con la maternidad forzada.