El Gobierno ruso convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalara públicamente a la inteligencia rusa por su presunta participación en una grabación ilegal dentro de la Casa Rosada.
A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso rechazó “de manera firme” las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y “sin pruebas”. Además, recordó la existencia de un tratado bilateral de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece los procedimientos de cooperación entre ambos países en este tipo de situaciones.
Moscú sostuvo que las declaraciones de la funcionaria argentina “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad” y lamentó que Buenos Aires “no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”. La Cancillería rusa aseguró que espera recibir “una explicación detallada” de las palabras de la ministra “lo antes posible”.
Las expresiones de Bullrich fueron realizadas en una entrevista con Radio Rivadavia, donde aseguró que el Gobierno denunció a personas vinculadas a exagentes de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei. Según trascendió, también habría surgido otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con acusaciones sobre supuestos sobornos vinculados a contratos farmacéuticos.
