El Senado uruguayo sancionó la norma que regula la “muerte digna”, tras cinco años de debate parlamentario. Con esta decisión, Uruguay se suma a Colombia y Ecuador como los únicos países de América Latina que permiten la eutanasia bajo condiciones específicas.
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles la ley que regula la eutanasia, tras un extenso proceso legislativo que se inició hace cinco años y generó intensos debates en el ámbito político, social y religioso. El proyecto —ya avalado por la Cámara de Diputados el pasado 12 de agosto— obtuvo 20 votos a favor y 11 en contra sobre un total de 31 senadores.
Con esta sanción, el país queda a la espera de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, un paso que se da por descontado, ya que el Gobierno uruguayo ha manifestado su respaldo a la iniciativa y previamente implementó la ley de cuidados paliativos.
La normativa, impulsada por legisladores del oficialista Frente Amplio, establece que la eutanasia será un derecho para aquellas personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos físicos o psíquicos considerados insoportables. También podrán acceder ciudadanos extranjeros con residencia comprobada en Uruguay, siempre bajo el aval de al menos dos profesionales de la salud.
El texto legal define el procedimiento como una muerte “indolora, apacible y respetuosa”, orientada a garantizar el derecho a transitar dignamente el final de la vida.
Durante el debate en el Senado, el legislador frenteamplista Daniel Borbonet sostuvo que “transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito, por lo que no se debe despenalizar a nadie”. En contraposición, el senador Martín Lema, del conservador Partido Nacional, expresó su rechazo a la norma al considerar que “no hay garantías suficientes para evaluar la salud mental de quienes soliciten la eutanasia”.
Hasta ahora, Uruguay solo permitía a pacientes terminales rechazar tratamientos médicos que prolongaran su vida, pero la eutanasia y el suicidio asistido eran considerados delitos de “homicidio piadoso” por el Código Penal.
Con esta aprobación, Uruguay se suma a Colombia —donde la eutanasia es legal desde 1997 y ampliada en 2021— y a Ecuador, cuyo Tribunal Supremo la despenalizó en 2024. A nivel global, países como Bélgica, Canadá, Holanda, España y algunas regiones de Australia y Estados Unidos también contemplan la muerte asistida en sus legislaciones.
Según una encuesta del portal Factum realizada en 2022, el 77% de los uruguayos se mostró a favor de legalizar la eutanasia en determinadas circunstancias, reflejando un amplio consenso social previo a la aprobación definitiva.