La situación de la casi destituida fiscal Daniela Torres, con novedades que se producirán en tal sentido en las próximas horas, pone por primera vez en el centro de la escena del debate público un tema que muchas veces se evita y se direcciona —erróneamente— hacia la Policía.
Villa Mercedes sufre numerosos hechos de inseguridad, nadie puede negarlo ni maquillarlo. Existe una crisis socioeconómica nacional, tampoco se puede negar. El Gobierno provincial realiza un esfuerzo importante en materia de prevención, con fuerte inversión que, nobleza obliga, se aprecia en la calle a diario. Pero, entonces, el quid de la cuestión pasa por saber dónde está el problema que no encuentra solución.
Desde que se le quitó la facultad investigativa a la Policía para transferírsela a los fiscales, la situación empeoró considerablemente. Esa responsabilidad y la designación de los fiscales le corresponde al gobierno anterior de Alberto Rodríguez Saá, que impulsó la reforma procesal penal y sancionó el código actual.
Los cuestionamientos alcanzan a nombres propios. Entre ellos, el fiscal Alexis Adán Chavero, denunciado por violencia de género; Marcelo Palacio Fernández, con un pasado oscuro que lo persigue por una causa judicial que lo llevó durante algún tiempo a prisión cuando se desempeñaba como policía, además de las onerosas multas que aplicaba a comerciantes de Villa Mercedes durante la pandemia, cuando estuvo al frente de la Oficina de Defensa del Consumidor. También la fiscal Andrea Court, familiar directa de un Juez de Garantías y de una Jueza de Familia, ante quienes debe actuar en el ejercicio de sus funciones.
No escapa a los escándalos la fiscal Cecilia Framini, vinculada a dos episodios de alcoholemia positiva al volante, constatados en 2022 y 2025 por personal de Tránsito municipal de Villa Mercedes.
Otro fenómeno que se advierte es el de fiscales que no residen en la ciudad. Tal es el caso del fiscal José Olguín, de perfil mediático y verborrágico, a quien —según una alta fuente tribunalicia— “le gustan más las cámaras y micrófonos que el dulce de leche, nos tiene hartos, tendría que dedicarse a la política”. En febrero de este año fue denunciado por la defensora penal oficial, Cecilia Mithiaux, por falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. En los pasillos judiciales se afirma que no goza de la confianza de la fuerza policial debido a su afán mediático y a un estilo de conducción similar al de la suspendida fiscal Torres.
Como conclusión parcial, todavía resuenan en las calles y bares mercedinos las declaraciones del juez federal de la ciudad, quien a comienzos de este año dedicó párrafos críticos a la justicia penal provincial. El magistrado sostuvo que “hay empleados judiciales y magistrados que venden y consumen” y agregó que hay fiscales que “se niegan a entregar la droga cuando la encuentran en un procedimiento”.
El tiempo y los hechos de inseguridad parecen darle la razón. Un panorama complejo que expone la crisis de confianza hacia la justicia en Villa Mercedes, en un contexto donde la inseguridad no deja de ser uno de los principales reclamos sociales.
Créditos: Javier Furlotti